Lunes, 15 de junio de 2020.- Organización Colegial de Enfermería

  • El informe anual de la Coalición para preservar la salud en los conflictos documenta actos de violencia y amenazas contra trabajadores, instalaciones y transportes sanitarios en 20 países y territorios asolados por conflictos.
  • Durante la pandemia se han denunciado 265 actos de ataque y amenaza contra la atención sanitaria desde enero hasta mayo de 2020 en 61 países como respuesta a las medidas de salud adoptadas contra el COVID-19.
  • Como reconocimiento del Año Internacional de la Enfermera y la Matrona 2020, la Coalición dedica su informe anual a las enfermeras y las matronas que trabajan cada día en las primeras líneas de conflicto para promover la salud y salvar vidas, pues a menudo son el primer y único punto de prestación de cuidados.
  • El informe realiza recomendaciones detalladas para prevenir y responder a los ataques a la salud, en particular dirigidas a los Estados Miembros de Naciones Unidas, ministerios de defensa, ministerios de salud, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Secretario General de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la sociedad civil y los donantes.

En 2019 se han cometido más de 1.200 ataques y amenazas contra trabajadores sanitarios, instalaciones y transportes médicos y de pacientes en 20 países afectados por conflictos armados. Ello ha provocado que al menos 150 trabajadores sanitarios hayan perdido la vida, 90 han sido secuestrados y al menos otros 500 han resultado heridos en ataques a la atención sanitaria. Así lo refleja un nuevo informe publicado por la Coalición para preservar la salud en los conflictos, de la que forma parte el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).

Dicho informe, que representa la evaluación más detallada de los actos de violencia y amenazas contra la atención sanitaria en regiones que están experimentando conflictos armados y violencia política, revela que estos ataques han continuado en 2019 con total impunidad menoscabando la salud pública y denegando a los civiles el acceso a servicios sanitarios que salvan vidas.

Los datos de 2019 reflejan un incremento alarmante en el número de denuncias de actos violentos en comparación con 2018, año en que la Coalición para preservar la salud en los conflictos denunció 973 actos de este tipo en 23 países objeto de estudio, lo que supone un incremento del 23,6%. Sin embargo, el alcance real de la violencia contra la atención sanitaria en los conflictos podría ser muy superior puesto que se denuncian muchos menos casos de los que se producen.

Estas agresiones han tenido lugar en los meses previos a la pandemia de COVID-19 en la cual la fortaleza de los sistemas de salud y la protección del personal sanitario es más esencial que nunca en todos los países del mundo.

Bombardeos de hospitales

2019 se ha caracterizado por el bombardeo aéreo de hospitales en Libia, Siria y Yemen, así como por los disparos efectuados a médicos mientras atendían a manifestantes heridos en Irak, el territorio ocupado de Palestina y Sudán, y por el secuestro de trabajadores sanitarios en Burkina Faso, la República Democrática del Congo (RDC) y otros lugares.

En Afganistán y Siria hace muchos años que continúan los ataques a la atención sanitaria a niveles muy elevados. 2019 no ha sido una excepción con más de 100 actos de violencia denunciados en cada uno de ellos.

Estos actos violentos han menoscabado gravemente los esfuerzos para responder a grandes amenazas de salud pública en 2019. Se han producido más de 400 ataques a la atención sanitaria en la RDC, la mayoría de ellos en relación con la respuesta al brote de ébola. En Pakistán, donde la polio sigue siendo una enfermedad endémica, la violencia infligida a los equipos de vacunación ha provocado la suspensión de las campañas de inmunización dejando sin vacunar a 1,8 millones de niños.

A medida que se han intensificado los conflictos en Burkina Faso y Libia, también ha ido en aumento el número de ataques a la atención sanitaria con 73 incidentes sólo en este último país.

 

265 ataques durante la pandemia de COVID-19

El informe anual de la Coalición para preservar la salud en los conflictos cubre el año civil 2019, pero la violencia contra la atención sanitaria también ha dificultado la respuesta a la pandemia de COVID-19 en países tanto en situación de conflicto como de paz. Insecurity Insight, miembro de esta Coalición, ha denunciado 265 actos de ataque y amenaza contra la atención sanitaria desde enero hasta mayo de 2020 en 61 países como respuesta a las medidas de salud adoptadas contra el COVID-19 como, por ejemplo, respuestas violentas a la realización de test y a las medidas de cuarentena, así como ataques a los trabajadores sanitarios por miedo a que pudieran propagar la infección. En algunos países, las fuerzas y cuerpos de seguridad han recurrido a la violencia para implantar medidas de cuarentena y castigar a quienes han manifestado inquietudes por la respuesta a la pandemia.

“Nuestros alarmantes descubrimientos revelan una vez más que los compromisos para poner fin a la violencia contra la atención sanitaria siguen siendo débiles, más retórica que acción,” ha afirmado Leonard Rubenstein, fundador y presidente de la Coalición para preservar la salud en conflictos y profesor en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y el Centro para la Salud Humanitaria. “Hace cuatro años que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas logró el compromiso de la Comunidad Internacional para dar pasos concretos en materia de prevención y rendición de cuentas, pero los trabajadores sanitarios y los pacientes a los que atienden siguen esperando”.

“La violencia contra la atención sanitaria continúa durante la pandemia de COVID-19, tanto en relación con conflictos en curso como con ataques específicos contra los esfuerzos de respuesta al COVID-19,” ha declarado Christina Wille, directora de Insecurity Insight. “Según nuestro análisis, quienes han cometido la mayor parte de los actos de violencia en relación con el COVID-19 son miembros de la comunidad o de las fuerzas de seguridad que actúan por intereses personales. La violencia contra la atención de salud dificultará aún más el abordaje de la pandemia de COVID-19”.

 

Reconocimiento a enfermeras y matronas

Como reconocimiento del Año Internacional de la Enfermera y la Matrona 2020, la Coalición para preservar la salud en los conflictos dedica su informe anual a las enfermeras y las matronas que trabajan cada día en las primeras líneas en entornos de conflicto para promover la salud y salvar vidas.

“Las enfermeras representan la mayoría del personal sanitario a nivel mundial y a menudo son el primer y único punto de prestación de cuidados en muchas comunidades en todo el mundo,” ha afirmado Erica Burton, asesora sénior de políticas de enfermería y salud en el Consejo Internacional de Enfermeras que ha escrito un ensayo para el informe centrado en las enfermeras. “Las comunidades sufren cada vez que se resta una enfermera del personal de salud por violencia contra la atención sanitaria”. “La impunidad ha prevalecido en los ataques a la salud en 2019,” ha declarado Susannah Sirkin, directora de políticas en Médicos por los Derechos Humanos.

“A pesar de algunas investigaciones limitadas y reducidas, los gobiernos, los ejércitos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidashan fracasado por completo en el cumplimiento de su deber de que los autores de los ataquesmás graves a instalaciones sanitarias y personal de salud rindan cuentas. La comunidad mundialha de hacerlo mejor para las enfermeras, las matronas, los técnicos de emergencias médicas, losmédicos y otros trabajadores de la salud bajo asedio desde Libia hasta Ucrania y Myanmar”.

 

Recomendaciones

El informe realiza recomendaciones detalladas para prevenir y responder a los ataques a la salud, en particular dirigidas a los Estados Miembros de Naciones Unidas, ministerios de defensa, ministerios de salud, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la sociedad civil y los donantes. Entre sus recomendaciones, la Coalición para preservar la salud en conflictos insta a los países a:

• Priorizar las mejoras y las inversiones en recopilación de datos, vigilancia y mecanismos de presentación de informes en relación con los ataques a la salud.

• Diseñar un marco nacional de políticas que se base en las mejores prácticas y establezca roles institucionales claros para la protección de los civiles y los objetos civiles durante las hostilidades. Cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2286 cuya meta es poner fin a los ataques a instalaciones sanitarias y a personal de salud en situaciones de conflicto.

• Reformar las leyes y supervisar las prácticas procesales para no obstaculizar los servicios humanitarios y médicos ni castigar a quienes prestan cuidados a personas heridas o enfermas, independientemente de su filiación.

• Fortalecer los mecanismos nacionales para la realización de investigaciones exhaustivas e independientes sobre presuntas violaciones.

• Garantizar la rendición de cuentas de los autores por las violaciones cometidas.

• Emprender acciones diplomáticas contundentes como declaraciones públicas y trámites contra los autores de actos de violencia.

• Garantizar el respeto del derecho humanitario internacional tal y como se establece en el primer artículo de cada Convención de Ginebra. Los gobiernos deben poner en marcha la investigación de instancias en las que las fuerzas militares aliadas o las suyas propias puedan haber dirigido sus ataques a hospitales u otras instalaciones sanitarias.

• Mejorar, sostener e invertir en el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud.

“Los trabajadores sanitarios reciben aplausos y homenajes bien merecidos por su labor salvando vidas en respuesta al COVID-19 y a otras emergencias, pero debe indignarnos a todos el hecho de que muchos sigan enfrentándose a bombas, violencia política, secuestros y amenazas,” ha declarado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España. “Los trabajadores sanitarios han de estar seguros para salvar vidas. Y garantizar su seguridad también implica actuar para protegerles frente a la violencia durante los conflictos y hacer que los autores rindan cuentas”, ha subrayado.

Para la elaboración del informe se ha aplicado un enfoque basado en eventos para documentar los ataques a la atención de salud utilizando varias fuentes sobre las cuales se han realizado comprobaciones cruzadas. La información se ha consolidado en un conjunto único de datos de actos registrados que se han codificado utilizando definiciones estándar. Está a disposición en Intercambio de Datos Humanitarios. La información ha sido recabada y analizada por Insecurity Insight. Las organizaciones y miembros de la Coalición han aportado material adicional de sus respectivas áreas de trabajo e investigación.

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